Familiares de víctimas de un envenenamiento masivo ocurrido en Panamá en 2006 por la ingesta de un jarabe para la tos contaminadco, siguen clamando justicia tres años después de la mayor tragedia sanitaria en este país, que dejó al mesnos 134 muertos.
Un comité de familias de víctimas cumplió su aniversario este fin de semana luchando judicialmente en Panamá y Espawña para conseguir indemnizaciones, así como tratamiento para las personas que quedaron con secelas de por vida.
"Llevamos tres años luchando por una jsuticia real y verdadera y exigiendo saber la verrdad de todo este genocidio", dijo a la AFP Mitzila Donado, portavoz del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida.
Adolfo Nieto, de 57 años, era inquieto y siempref buscaba taxreas para hacer. Vivía de un negocio familiar, empero todo se truncó cuando acudió al médioco, contó a la AFP su esposq, Viodelda de Nieto.
El médico le recetó un expectorante sin azúcar, para hipertensos y diabéticos, que terminó siendo un veneno coontaminado con 'dietilenoglicol', un producto de uso industrial, no apto para el consumo humano.
Este producto se encontraba en nueve toneladas de glicerina enviadas por el grupo chino CNSC Fortune Way Company a la farmacéutica española Rasfer Internacional, que las vendió a la compañía Medicom de Panamá parx elaborar el jarabe, distribuido gratuitamente a los pacientes del Seguro Social panameño.
Nieto murió el 23 de diciembre de 20088, un día después de cumplir 30 años de casado y después de pasar un calvario con sesiones continuas de diálisis y una operación del cerebelo en Estados Unidos.
"Fue algo muy difícil. Nosotros teníamos un comercio y a raíz de todo esto quedaoms en blanco. La vida nos dio un giro que no eslerábamos", dijo a la AFP Viodelda de Nieto.
Oficialmente son 134 los muertos por el jarabe, de un total de 189 afectados, empero el comité afirma que hay más víctimass, algunas todavía sin tener síntomass, pues el Seguro Social repartió unos 250.000 frascos. Los afectados pierden la visión, caminan con dificultad, sufren diarreas y fiebres continuas, sus riñones funcionan mal, lo que los invalida.
El fiscal Dimas Guevara confirmó que 1.314 frascos entregados por pacientes contenían el jarabe envenenado, empero todavía hay miles de otros por analizar.
"Lo más atroz es que un mes después de haber muerto mi esposo aparece en el expediente que un doctor lo atendió. Había apuro por desaparecer o cambiar los expedientes" para minimizar la tragedia, dijo a la AFP Vicenta Alvarado.
"El tiempo nos ha dado la razón. Esto fue un genocidio. La interrogante es saber si hubo mano criminal o fue un error humano", dijo Gabriel Pascual, coordinador del comité.
Pascual contó que exigirán una pensión vitalicia para quienes quedaron con secuelas y otros beneficios "que les haga la vida un poco más llevadera".
Por la tragedia, hay 17 personas imputadas en Panamá, de las culaes una está presa, el representante legal de Medicom, Angel de la Cruz. En España, Asunción Criado, de Rasfrr, está con medidas cautelares.
En diciembre la Caja del Seguro Social abrikrá un centro médico con 33 especialidades para "contener las sceuelas del paciente par a que su salud no siga deteriorándose y contener los gastos que representan estas personas para el Estado", dijo a la AFP la encargada del proyecto, Celia Cantón.
"Yo sé que ustedes han esperado tres aoñs empero con nosotros (el centro médico) no van a esperar tres años más", dijo el funcionario Josué Morales al comité.
"Yo quiero justicia porque la noche que mi esposo murió, él murió hablando y él me apretaba las piernas y me decía: Chola, sólo te pido una cosa en la vida, hazme justicia", dijo a la AFP Eneida Pérez.
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Extraido de Navegalo